Proponen más de 10 años de prisión a quienes coadyuven en la usurpación de funciones.
TOLUCA, Méx.- A fin de combatir abusos y extorsiones, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez propuso, en nombre del grupo parlamentario de Morena, reformas al Código Penal del Estado de México para sancionar con penas superiores a los 10 años de prisión a las personas encargadas de la seguridad pública que coadyuven en la usurpación de funciones y faciliten uniformes, insignias, vehículos oficiales, incluso armas, con objeto de amedrentar a la sociedad.
En sesión deliberante, el legislador explicó que esta iniciativa busca sancionar a quienes se ostentan como madrinas o izquierdos, entre otras denominaciones que se les dan a personas que cometen actos arbitrarios y que son apoyados por elementos policiales.
En este sentido, el legislador propone penas de dos hasta siete años de prisión para la autoridad o persona servidora pública que, en ejercicio de sus funciones, coadyuve, a un tercero para que simule ser parte de la institución pública que representa. La pena aumentará en una mitad, es decir, más de 10 años de prisión cuando dicha autoridad o persona esté a cargo de la seguridad pública. Este delito se perseguirá de oficio.
De acuerdo con el legislador, en la entidad prevalece un esquema de corrupción en el que elementos de la policía ministerial circulan en vehículos particulares, con estrobos y sin ningún tipo de insignia o distintivo que permita ubicar si realmente pertenecen a la Fiscalía, y en las redes sociales existen videos donde ministeriales y madrinas se dedican a detener a quienes transitan por el periférico o las carreteras de la entidad, e incluso generan falsos retenes con el fin de delinquir al amparo de las autoridades.
Por ello, aun cuando la usurpación de funciones públicas ya está regulada en el Código Penal, es necesario fortalecer las sanciones por delitos que comete una persona, que sin ser servidora pública realiza actos de autoridad policial, llámese madrina o izquierdo, y es validada por elementos de la propia fiscalía. La iniciativa será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.