• Si auditorías confirman o detectan indicios de presuntas irregularidades se actuará conforme a derecho
• Organismos municipales que no operen deben justificar la causa
Toluca, Méx.- La aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 de los Ayuntamientos, DIF municipales, Organismos Descentralizados Operadores de Agua e Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, entre otros, no implica liberación de responsabilidad alguna de servidores públicos que hayan actuado de forma irregular, precisa el proyecto de decreto aprobado de forma unánime por las y los diputados que integran la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso mexiquense.
En reunión de trabajo celebrada en la Cámara de Diputados del Estado de México, las y los diputados de Morena y de todas las fuerzas políticas representadas en la referida comisión del Poder Legislativo estatal, se precisó que las auditorías realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) en estos momentos están en fase de aclaración.
Dicho proceso, se explicó al dar lectura a los resolutivos del dictamen, tiene el objetivo de subsanar las observaciones realizadas, pero en caso de que éstas subsistan serán turnadas a la Unidad de Investigación del OSFEM a efecto de que se “realice la investigación pertinente para determinar si existe la comisión de una presunta falta administrativa grave o no grave”.
Diputados de Morena como Brenda Gómez Cruz, Azucena Cisneros Coss, Isaac Martín Montoya Márquez y Raúl Ponce Elizalde, miembros de la comisión, precisaron a través de su voto a favor del proyecto, a turnarse en los próximos días al pleno del Congreso local, que si las auditorias del OSFEM u otro organismo fiscalizador estatal o federal detecta, confirma o encuentra indicios de una presunta responsabilidad administrativa de funcionarios públicos en el referido Ejercicio Fiscal 2022, se actuará conforme a derecho, es decir se fincarán responsabilidades en su contra.
Durante el desarrollo de la comisión se recordó que los criterios establecidos en el Artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, respecto a la revisión, fiscalización y calificación de las Cuentas Públicas, entre otras acciones, establecen que los programas y su ejecución se tienen que ajustar a los términos y montos aprobados; que las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos se ajustan a los conceptos y a las partidas respectivas.
Que el cumplimiento de los programas autorizados y los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y cumplieron con las formas establecidas por la Ley y demás disposiciones aplicables y que los proveedores de los diferentes entes del gobierno cumplieron los compromisos adquiridos en los contratos.
Entre los resolutivos relevantes establecidos en el dictamen está que el OSFEM “deberá informar trimestralmente” ante la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, los avances que se tengan en las “auditorías especiales”, para dar respuesta oportuna a las y los ciudadanos que las solicitaron.
Otro acuerdo relevante, previo aval de la Junta de Coordinación Política fue la creación de una Unidad Técnica de Evaluación y Control de la comisión legislativa de Vigilancia, que auxiliará a las y los diputados en la elaboración del análisis de resultados de las cuentas públicas y en vigilar que el desempeño de servidores públicos adscrito al Órgano esté apegado a la Ley.
También se acordó que los gobiernos municipales deberán informar, justificar, fundar y motivar a la Legislatura el por qué algunos de sus Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, así como el Instituto Municipal de Planeación del Valle de Bravo y Universidad de Naucalpan de Juárez no están operando.
En caso de que su no actividad sea por capacidad financiera, lo deberán precisar, sin dejar de salvaguardar el derecho humano de acceso y deporte, a través de las dependencias de la administración pública municipal, puntualiza el proyecto de decreto.
